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Acciona hinchó ilegalmente gastos millonarios de ATLL, según Antifraude

El organismo insta a la Generalitat a rescindir el contrato con la constructora y remite el caso a la fiscalía

Oriol Güell
Planta de Aguas Ter-Llobregat (ATLL).
Planta de Aguas Ter-Llobregat (ATLL).

El grupo Acciona, adjudicatario de la privatización de la empresa de Aigües Ter-Llobregat —la mayor llevada a cabo por los gobiernos de Artur Mas (CDC)—, utilizó dos sociedades filiales para facturar a la concesionaria más de 12 millones de euros por trabajos injustificados y cuyos contratos ni siquiera habían sido autorizados por la Generalitat. Así lo pone de manifiesto una investigación de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), a la que ha tenido acceso EL PAÍS, y que constata “múltiples irregularidades” en la gestión del servicio. Este organismo inició sus pesquisas el pasado mes de abril tras una denuncia del sindicato CGT.

Antifraude ha remitido el caso a la Fiscalía para que aclare las “eventuales responsabilidades penales” del caso. También lo ha mandado a la Generalitat, a la que insta a “iniciar el procedimiento de resolución del contrato por causa imputable a la concesionaria”. La investigación destaca igualmente que la facturación irregular “puede aumentar de forma injustificada” el recibo que los ciudadanos pagan por el agua en sus hogares.

La mayoría de las irregularidades destacadas por Antifraude tienen que ver con la opacidad y la falta de control sobre el servicio por parte de la Generalitat. Todo ello se deriva de la decisión de Acciona de no gestionar el servicio de aguas desde la empresa ganadora de la privatización —ATLL Concesionaria (ATLLC)—, sino desde otra sociedad filial llamada Empresa Operadora. Según Antifraude, esta subcontratación nunca fue autorizada por la Generalitat, que además se quedó sin información ni “capacidad de dirección, control y supervisión del servicio público concedido”.

La pérdida de control de la Generalitat sobre el servicio se produjo en dos niveles. Primero, porque Acciona no informó al representante de la Generalitat en ATLLC de las principales decisiones de la concesionaria. Y segundo, porque el Gobierno catalán ni siquiera estaba presente en los órganos de dirección de Empresa Operadora, que era la que llevaba a cabo la gestión del día a día del servicio de aguas.

Es en este contexto que Antifraude cuestiona la facturación de servicios hechos desde Empresa Operadora y otra filial —Acciona Agua— a ATLLC, que ascendieron a 13,3 millones entre 2013 y 2014. Estos servicios, según el informe, fueron facturados “sin el conocimiento previo” de la Agencia Catalana del Agua “ni la autorización” del Departamento de Territorio. Además, “no ha quedado acreditado que las prestaciones se realizaran en condiciones de mercado”, por lo que no es posible conocer si corresponden a trabajos realmente hechos o si fueron pagados a su coste real. Un hecho destacable en este punto es que Empresa Operadora facturó más de siete millones de euros a ATLLC a pesar de que no contaba con ningún trabajador en los dos años investigados.

La Oficina Antifraude considera que de los hechos investigados se derivan tres “consecuencias” importantes. La primera es que el recibo del agua de los ciudadanos “puede verse incrementado de forma injustificada por la imputación de los costes derivados de las irregularidades señaladas”. La segunda consecuencia es de tipo fiscal, ya que las distintas filiales de Acciona se cruzaron entre ellas facturas por decenas de millones de euros que “o no son gastos fiscalmente deducibles o suponen trasladar la carga fiscal de una sociedad a otra”. Por ello, Antifraude ha remitido también sus conclusiones a la Agencia Tributaria.

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La tercera y última consecuencia del informe es la de mayor calado para el Gobierno catalán. Antifraude insta al consejero de Territorio, Josep Rull, a rescindir la adjudicación a Acciona. El informe apoya esta propuesta por la pérdida de control del servicio público por la Generalitat y la repetida práctica de la concesionaria de “llevar a cabo importantes operaciones económicas con sus filiales sin conocimiento ni autorización” de la Generalitat.

El informe de Antifraude es la última de la larga cadena de incidencias que ha vivido la privatización de ATLL desde su misma formalización, en noviembre de 2012. Los errores cometidos por la Generalitat en la tramitación sumados a la dura pugna que Acciona y su competidora Agbar mantienen por el contrato han empantanado el caso, que ahora está pendiente de que el Tribunal Supremo confirme o revoque la anulación de la adjudicación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el pasado mes de junio.

Acciona emitió ayer un comunicado en el que asegura que "ha cumplido en todo momento de forma rigurosa la legalidad y las condiciones contractuales exigidas por el pliego de licitación y por el contrato de concesión".

La Generalitat aseguró que adoptará "las medidas que haga falta" respecto a presuntas irregularidades, en palabras de la portavoz Neus Munté, que añadió que la Agencia Catalana del Agua ya había detectado los hechos mediante una auditoria hace un año. La Generalitat, sin embargo, nunca había informado de estas irregularidades.

Ermengol Gassiot, secretario general de CGT, censuró por su parte la actuación de la Generalitat en todo el proceso de privatización y replicó a Munté que “desde abril de 2014 la Generalitat conocía las irregularidades porque el sindicato se las remitió por registro”. Gassiot destacó que Antifraude “confirma ahora que, al contrario de lo que aseguró el Gobierno catalán en su día, que la privatización de ATLL penaliza al consumidor en la fatura del agua y beneficia a determinadas empresas”. La CGT conmina a la Generalitat a “emprender todas las medidas contra Acciona para rescindir el contrato” y considera que “ha llegado la hora de abrir el debate sobre los beneficios de un servicio de agua público que vuelva a poner ATLL en manos de la Generalitat”.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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